¿Atrapados en la Red? La Reforma y el Futuro de la Pesca en el Perú

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Disponible en las principales librerías del Perú.

Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres
Octubre, 2013
Carlos E. Paredes
227 páginas

 

La actividad pesquera en el Perú explota un conjunto de recursos naturales renovables del gran ecosistema marino de Humboldt, tal vez el más rico del mundo. De hecho, la pesquería de anchoveta peruana es la pesquería de una sola especie más grande del planeta. Debido a la alta productividad del mar peruano, la actividad pesquera podría haberse beneficiado de una renta significativa. Sin embargo, en el caso de la anchoveta, una normativa inadecuada promovió una creciente sobreinversión en el sector y conllevó a grandes sobrecostos para las empresas pesqueras, con lo cual gran parte de la renta marina se disipó y “hundió” en el mar.

 

En el 2008 se aprobó el Decreto Legislativo No. 1084, dando inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos 40 años. Esta norma introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta, produciendo una serie de beneficios: disminuyó el sobredimensionamiento y los sobrecostos, incrementó las utilidades, redujo la “carrera por el pescado”, y llevó a una mejora en la calidad de la anchoveta desembarcada y la harina producida.

 

A pesar de estos importantes beneficios, la introducción de cuotas individuales de pesca en un sector caracterizado por la corrupción y la debilidad institucional, generó incentivos perversos, como aquellos que promueven el sub reporte de desembarques y el descarte de juveniles en altamar. Esta investigación provee un balance de los beneficios y costos, así como de las oportunidades y peligros, generados por el régimen de cuotas individuales en la pesquería de anchoveta. Asimismo, analiza la conveniencia de expandir este tipo de gestión pesquera a otras tres grandes pesquerías del Perú (pota, jurel, y caballa), y los efectos que trajo en el caso de la merluza. El estudio también analiza los derechos de pesca que se pagan en el Perú y concluye que el sistema vigente debe ser reformado integralmente, pues los derechos vigentes no guardan relación con la renta transferida al sector privado ni con los costos de administrar las pesquerías.

 

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